Ante un grupo de representantes de clientes de Sitma que acudió al penal de San Miguel, el empresario Leonardo Tiro Moranchel presentó el proyecto inmobiliario con el cual pretende restituir los ahorros depositados y que consiste en formar una sociedad con los agraviados para llevar a cabo la construcción del fraccionamiento Terranova en los terrenos de 97 hectáreas que tiene la empresa en el municipio de San Andrés Calpan.
Así lo señaló Alejandro Tapia Cortés, quien participó en dicho encuentro y agregó que, de acuerdo a los planos arquitectónicos que les mostró, en la primera fase de la obra se incluye la edificación –con inversiones de diferentes empresas, sobre todo del Corporativo Casas Geo– de unas 140 casas para comercializarlas y obtener 70 millones de pesos que se destinarán para el resarcimiento del daño patrimonial.
Indicó que Leonardo Tiro les aseguró que el dinero que se conseguiría de la construcción y comercialización de las diferentes etapas del complejo inmobiliario sería suficiente para indemnizar a la totalidad de agraviados, que en Puebla son más de 6 mil 600 y reclaman un monto mayor a los 800 millones de pesos.
Sin embargo, los defraudados no estuvieron de acuerdo con dicho planteamiento por dos motivos: el primero tiene que ver con el tiempo de espera de más de cinco años que se necesita para la construcción y venta de los inmuebles, y el segundo está relacionado con la inviabilidad del proyecto, ya que las compañías que inviertan no estarán dispuestas a regalar sus ganancias a los defraudados.
En entrevista en el marco de una protesta que realizaron defraudados por financieras frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para exigir la celeridad en la integración de las averiguaciones previas y el rastreo del destino de los recursos económicos que se depositaron, el vocero afrimó que Leonardo Tiro también les propuso que para llevar a cabo la construcción del fraccionamiento se asociaran con él.
Afirmó que el planteamiento es absurdo y los agraviados de la compañía inmobiliaria –que cerró en octubre del año pasado al basar sus finanzas en la captación de ahorro– no están dispuestos a confiar en el empresario que malgastó y no supo administrar su dinero. Asimismo, expuso que no existe ningún ofrecimiento serio, pues al asociarse tienen que desistirse de las denuncias penales y, además, agregó, la mayoría de los agraviados no se dedica a los negocios inmobiliarios, por lo que desconoce dicha área y es muy seguro que haya personas que se traten de aprovechar de ello.
En otro tema, Alejandro Tapia acusó que la PGJ no ha investigado sobre lo que hizo la empresa con los recursos económicos que depositaron los clientes en Sitma. Añadió que esta dependencia estatal ha actuado de forma lenta para consignar las denuncias penales de la mayoría de empresas acusadas de fraude, como en los casos de Invergroup, Geici, Inverbien y Comsbmra, así como falta la aprehensión de varios empresarios acusados como responsables de los delitos.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/06/17/puebla/eco107.php
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