Los afectados son de 11 estados de la República, entre ellos Oaxaca, donde el fraude asciende a más de 700 millones de pesos
D.F., México.- Alrededor de mil 300 millones de pesos es la suma del fraude cometido en 11 estados de la República por las inmobiliarias Sitma e Ivergroup, “las 2 asentadas en el estado de Puebla” según denuncia pública hecha por el diputado Uriel López Paredes.
El diputado federal del PRD, solicitó a la Comisión Permanente que exhorte al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, “establezca una mesa de diálogo con los representantes de defraudados por Sitma e Invergroup” y que instruya al procurador general de Justicia de ese estado a facilitar a los agraviados la integración de averiguaciones.
Luego, en conferencia, remachó: “Es un fraude millonario de cuando menos mil 300 millones de pesos, cometidos contra personas de 11 estados del país”. Y citó a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Distrito Federal.
La proposición con punto de acuerdo de López Paredes fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del miércoles, y aunque no llegó a su presentación en tribuna, en la sesión de la Comisión Permanente se dio por ese hecho como presentada y turnada a comisiones, para su revisión y posterior dictamen.
En primera instancia, López Paredes solicitó al pleno que sea creada una comisión plural de diputados federales “para investigar las causas de los fraudes cometidos a miles de mexicanos, tanto por instituciones financieras como por grupos inmobiliarios”.
En un segundo párrafo, López Paredes planteó que se busquen “mecanismos que permitan resolver la problemática social de los defraudados en Puebla y demás estados, por las empresas Sitma e Invergroup”.
El legislador solicita al pleno también que el exhorto incluya pedir al director general del Registro Público de la Propiedad y Comercio del estado de Puebla “se sirva informar sobre las propiedades de los presuntos defraudadores y expedir los documentos públicos que le sean solicitados en relación con el caso”.
En el tercer párrafo de su punto de acuerdo, el legislador pidió al pleno que exhorte también al procurador general de la República “a ejercer su facultad de atracción con relación a las denuncias interpuestas por los defraudados por Sitma e Invegroup en las diversas entidades del país”.
Uriel López, en un cuarto párrafo, solicitó que la Permanente exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a que “informen al Congreso de la Unión si los grupos inmobiliarios Sitma e Invergroup contaban con autorización para realizar operaciones financieras tal y como lo hicieron durante más de 10 años, como también si hacían de manera legal sus respectivas declaraciones fiscales, ya que en el acta constitutiva de Sitma, cuya razón social ha sido y es Servicios Inmobiliarios y Computación S.A. de C.V., inició con un capital social de 50 mil pesos y hasta noviembre de 2008 continuaba con el mismo capital”.
En la argumentación del punto de acuerdo, se afirma que durante 2009 en el estado de Puebla “se dieron a conocer escandalosos fraudes de financieras e inmobiliarias, como lo son Financiera Coffia y la caja de ahorro Bienestar La Paz y Sitma e Invergroup”.
Tales empresas, se explica, “afectaron a miles de familias en su patrimonio, principalmente familias de campesinos, migrantes y comerciantes, y ello generó un grave problema social en Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México y Distrito Federal.
En el cuerpo del punto de acuerdo, López dijo que “para la promoción, acreditación y operación de Financiera Coffia fueron utilizados inmuebles donde también funcionan delegaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Puebla, e incluso dependencias del gobierno de la entidad y algunos ayuntamientos realizaron depósitos en dicha financiera”.
Luego, en las consideraciones, se informa que “el gobierno del estado de Puebla retiró a tiempo sus depósitos respectivos, con lo cual se deduce que el gobierno del Estado fue informado de la situación financiera de Coffia”.
Sigue el legislador López en su argumentación publicada en la Gaceta Parlamentaria: “En el caso de Sitma, estamos convencidos que no fue la casualidad que el licenciado Mario Marín Torres, gobernador, haya estado presente en la inauguración y corte de listón de algunas oficinas del grupo inmobiliario Sitma, como también fue pública la portación de playeras con el logotipo de Sitma que en su momento realizó el titular del Ejecutivo estatal”.
En opinión del proponente del punto de acuerdo, “es de entenderse que estos actos tuvieron la finalidad de dar confianza a la ciudadanía en esta financiera y grupo inmobiliario, por lo que de manera indirecta el gobierno del estado de Puebla tiene responsabilidad en este caso de defraudación a usuarios e inversionistas”.
A decir del diputado, “por estos casos fraudulentos se han movilizado miles de afectados por las calles de la ciudad de Puebla, demandando la intervención del gobierno del Estado para que asuma su responsabilidad social ante los defraudados”.
El legislador López refiere que “en el caso de Coffia se ha afirmado que se realiza el trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se les restituya parte de sus ahorros, incluyéndolos en el programa Fipago. Pero en el caso de Sitma e Invergroup (el gobierno del Estado) ha respondido que es un asunto entre particulares”.
Uriel López precisa más adelante: “Así ha respondido también la bancada del PRI en el Congreso local”. Y apostilla: “Hubo negativa del PRI para apoyar la creación de un fideicomiso que permitiera resarcir cuando menos de manera parcial los daños a los defraudados de las inmobiliarias”.
En conferencia en San Lázaro, el diputado Uriel López Paredes calculó que el fraude es de cuando menos mil 300 millones de pesos y fue cometido en 11 estados de la República, y los defraudadores son las inmobiliarias Sitma e Ivergroup, “las 2 asentadas en el estado de Puebla”.
Con Uriel López estuvieron en la entrevista múltiple la señora Carmen Cristina Briones y Agustín Torres, quienes en nombre de los defraudados dijeron que “Leonardo Tiro Moranchel, “un empresario poblano dedicado a varios negocios y socio mayoritario de Sitma, es el principal responsable del fraude”.
Briones incluso dijo que Moranchel y el gobernador Marín podrían estar involucrados, pues éste “inauguró las oficinas de Sitma en la entidad”.
Incluso, Carmen Cristina Briones denunció que –desde su condición de representante del grupo de ahorradores de Tlaxcala defraudados– ha recibido amenazas de muerte por vía telefónica, de la cual se hace constancia en la averiguación previa 4068/09, en Tlaxcala, Tlaxcala.
Briones y Torres anunciaron que conformarán una coordinadora nacional de defraudados para exigir que se investigue el caso, se castigue a los responsables y se les reintegre su patrimonio, que es en la mayoría de los casos, producto de muchos años de ahorro.
Se “complica” situación
de defraudados: diputada
Mientras tanto, la situación para los defraudados por diversas cajas de ahorro en el estado de Oaxaca se complica, toda vez que la ley que creó el Fideicomiso Pago (Fipago) –durante el sexenio del panista Vicente Fox Quezada– exige una serie de requisitos “muy específicos”, explicó la presidenta de la Comisión Especial para Asuntos Relacionados con Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, creada por el Congreso local, Carmelina Cruz Silva.
A detalle, la legisladora sostuvo que como primer requisito para que pueda entablarse el proceso de recuperación del 70 por ciento del monto defraudado –40 por ciento aportado por el gobierno federal, siempre que los gobiernos estatales aporten el 30 por ciento restante–, se debe realizar una auditoría a la negociación defraudadora, además es requisito indispensable que ésta se encuentre regulada.
A lo anterior se agrega que las cajas de ahorro deben contar con un acta constitutiva de fecha anterior al 31 de diciembre de 2002, “y la mayoría de las cooperativas que estafaron a la gente no están reguladas, no tienen la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y hay muchas cajas que se están declarando en quiebra y cuya creación se dio posterior a 2002”, argumentó la diputada por el distrito Etla-Zaachila.
Entonces, apuntó, los defraudados “no tendrían acceso a estos fondos”.
Tras explicar lo anterior, Carmelina Cruz Silva se pronunció por no politizar un tema que en Oaxaca ya representa un serio problema social, pues se habla de casi 20 mil defraudados por 5 cajas de ahorro: Casur, Coofia, Sacriputla, Casandó e InverOax, y se presume que el monto podría ser de al menos 700 millones de pesos.
Sin embargo, sostuvo que las imprecisiones en torno a la interpretación y aplicación del Fipago representa un “juego donde no se le da una solución clara a la gente” y una especie de “estira y afloja” entre el Estado y la Federación.
Finalmente, Carmelina Cruz Silva sostuvo que hoy viernes la comisión que preside se reunirá con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para encontrar alternativas de solución. Sin embargo, aseguró que la exigencia será que una representación de la instancia federal venga al estado para que conozca de manera real y profunda la situación de miles de defraudados.
VICENTE BELLO/MARIANA SAYNES
Nota leida en:http://www.oaxaca.adiario.mx/2010/01/fraude-millonario-en-cajas-de-ahorro/
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