11/06/2010 Defraudados de Sitma anuncian nueva protesta contra la PGJ

TANIA DAMIÁN JIMÉNEZ

Defraudados de Sitma anunciaron que el próximo miércoles llevarán a cabo una protesta frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para exigir que aprehenda a los otros accionistas de la empresa, familiares del empresario Leonardo Tiro Moranchel, quien ahora está recluido en el penal de San Miguel como uno de los responsables de la captación ilegal de ahorros.

Otra demanda por parte de los agraviados será que la dependencia estatal indague sobre el destino de los ahorros que se depositaron en la compañía inmobiliaria, pues el valor de los bienes que tiene incautados apenas suma 15 por ciento del total del monto timado y por ello tienen la sospecha de que existen otras propiedades.

El representante del grupo de clientes de Sitma que se niega a aceptar los terrenos de San Andrés Calpan como indemnización, Alejandro Tapia Cortés, señaló que la PGJ ha investigado muy poco sobre el curso que tomó el dinero colocado en la empresa durante los 10 años que tuvo operaciones, el cual podría ser rastreado a través de las cuentas bancarias de la empresa y de los accionistas.

Agregó que entre las personas que deben ser aprehendidas están Olimpia Moranchel Narváez y Mauricio Tiro Álvarez, padres de Leonardo, así como sus hermanos Mauricio e Iris Tiro Moranchel, pues formaban parte de la estructura de la empresa y, en algunos casos, eran socios.

Alejandro Tapia fue entrevistado en el marco de una protesta que agraviados realizaron ayer frente al inmueble del Congreso local con la finalidad de exigir que aprueben el punto de acuerdo que propuso el diputado del Partido del Trabajo, José Manuel Benigno Pérez Vega, para la creación de un fondo público que contribuya a la reparación del daño patrimonial que ocasionó dicho fraude.

Manifestó que también interpondrán una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por no haber vigilado las operaciones de las empresas, pese a que era su responsabilidad.

Finalmente, señaló que será muy difícil que esa empresa indemnice a los agraviados a través de los terrenos de San Andrés Calpan, ya que para ello se requiere que todos acepten dicho planteamiento, y apenas un porcentaje pequeño lo ha hecho.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/06/11/puebla/jus304.php
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