12/07/2011 El director de Ceresos enfrenta una larga lista de abusos en su pasado

FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA

Desde hace cuatro meses, Roberto Morales Mojica es el director de los Centros de Readaptación Social de Puebla, y hasta ahora se desconoce con qué criterio se seleccionó a este personaje para tan delicada tarea, pues tal parece que no era la persona idónea, ya que en una breve revisión a sus antecedentes resulta que entre los años 2000 y 2006 su nombre apareció involucrado en denuncias de abusos e ilícitos cometidos en penales y corporaciones policiacas de Tamaulipas y Coahuila, situación que ameritó recomendaciones de organismos de derechos humanos.

Por lo menos hay cinco hechos graves en los que aparece el nombre de Morales Mojica; éstos son:

No permitir la atención de enfermos de tuberculosis en un penal de Tamaulipas, lo que provocó la muerte de un interno; tolerar que en un par de prisiones se vendieran bebidas alcohólicas; ausentarse durante un importante decomiso de drogas en un centro de readaptación; protagonizar una riña con un mando de la Policía en Saltillo, Coahuila, y que cuando era jefe policiaco se negó la atención medica a un detenido, quien habría perdió la vida por tal situación.

El anterior director de los Ceresos de Puebla, Aldo Enrique Cruz, cobró notoriedad por su actitud que rayaba en el fanatismo religioso, por su homofobia y su desatención a los problemas y carencias de los penales. Pero ahora, con Morales Mojica, las condiciones de los penales no prometen mejorar.

De hecho, ya han aparecido los primeros “focos rojos” como son los privilegios que tienen un grupo de empresarios encarcelados en el penal de San Miguel, entre ellos los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel –dueños de Sitma e Invergrup–, quienes se dan el lujo de convertirse en prestamistas dentro del Centro de Readaptación Social de Puebla.

Entre los antecedentes que hay de Olivares Mojica destacan los siguientes:

En el año 2002 la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas emitió las recomendaciones 009 y 010/2002, además de que se inició el proceso administrativo CD–SGG/011/2002, contra Roberto Olivares Mojica en su calidad de director del penal número 2 de Reynosa, Tamaulipas, debido a que el ciudadano Silvestre de la Serna Ramírez denunció que su hermano Juan Antonio fue contagiado de tuberculosis en esa prisión, en donde le negaron la atención médica y por esa causa acabó falleciendo.

Al hacerse esa denuncia se descubrió que en ese Cereso no había medidas preventivas contra enfermedades contagiosas ni los debidos sistemas de atención médica y mucho menos un censo de internos que estaban enfermos.

En el diario El Universal del 27 de septiembre del año 2000, el corresponsal Francisco Javier Rojas publicó una nota en donde da cuenta de un decomiso de 10 kilogramos de drogas, entre marihuana y cocaína, así como mil botes de cervezas y armas punzocortantes. Lo que destacad de este hecho, es que al ocurrir el operativo para hacer la revisión, el director de esa cárcel, Roberto Olivares Mojica, tenía una semana de ausentarse de sus labores.

Se sabe que Olivares Mojica, junto con el resto del personal administrativo de esa prisión estuvieron sujetos a una investigación para determinar quién permitía la introducción de drogas y bebidas alcohólicas.

El nombre de Olivares Mojica vuelve a aparecer en una nota periodística, pero ahora de Saltillo, Coahuila, en el periódico Vanguardia, en el que narra que en 2003 la Contraloría Interna de la presidencia municipal suspendió 15 días, sin goce de sueldo, a un subdirector de Seguridad Pública por haber protagonizado una riña a golpes, dentro de instalaciones oficiales, con Roberto Olivares Mojica, quien en ese entonces era comandante operativo de la Policía.

Mediante la recomendación 23/2006 y el expediente CDHEC/478/2006PARR/ PMPAL la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila le comunicó el 20 de diciembre de 2006 a Roberto Olivares Mojica, como director de Seguridad Pública Municipal, que se ha hecho una revisión a la cárcel local y se encontró lo siguiente:

De las tres celdas que había, dos son cuartos angostos, sin iluminación sin colchones y ropa de cama, además de carecer de instalaciones sanitarias adecuadas. Y en la tercera se encontró que no estaba en uso, ya que estaba repleta de cajas de cerveza.

Por si fuera poco, cuando el organismo hizo la inspección interrogó al único preso que había y descubrió que no le daban de comer porque no había presupuesto para alimentación. Pero eso si, lo que si existía en esa prisión era cerveza en abundancia.

Un quinto caso es la recomendación 004/2004 que el 31 de marzo de 2004 la Comisión de Derechos Humanos le mandó al entonces presidente municipal de la ciudad de Saltillo, Humberto Moreira Valdes, y quien ahora es el presidente nacional del PRI. Ahí se incluyeron las investigaciones de los expedientes CDHEC/087/ 2004/SALT/PMPAL y CDHEC/097/2004/ SALT/PMLP, en los que se narra lo siguiente:

Cuando Roberto Morales Mojica era jefe policiaco, la noche del 13 de marzo una patrulla detuvo a dos personas. Una de ellas era Jesús Terán Palacios, quien fue testigo que después de que lo subieron al vehículo los agentes recogieron a un individuo llamado Ricardo Escareño Puebla, afuera del bar Milenio, y que esta segunda persona iba sangrando por la boca y no tenía uso de la razón.

Al llegar a la cárcel, poco antes de la media noche, Terán Palacios pidió ayuda para Ricardo Escareño, quien casualmente era su amigo, pero no le hicieron caso.

Horas más tarde, otros 20 sujetos que estaban en la misma celda en la que metieron a Ricardo Escareño se quejaron que éste se encontraba inconsciente y que había defecado en los pantalones, por lo que no soportaban el olor. Y a las 7 de la mañana, cuando a todos los sacaron para pasar lista, varios de ellos reportaron que faltaba “el cagado”. Fue hasta las 7 de la mañana, es decir más de 8 horas después de que fue detenido y el afectado ya presentaba sangrado por la boca, cuando se llamó a la Cruz Roja. Obviamente Escareño Puebla perdió la vida.

Frente a todos estos antecedentes surgen una cuestión básica: el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Ardelio Vargas Fosado, debe dar una explicación de por qué trajo a servidores públicos del norte del país a hacerse cargo del penal de San Miguel y de la Dirección de Ceresos, cuando es en esa parte del país donde se está generando los mayores índices de violencia y de maldad.

Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/07/12/puebla/cuitlatlan.php
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