Mientras que las condiciones de vida de más de 2 mil defraudados por las inmobiliarias Sitma, Invergroup e Inverbien siguen empeorando, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, continúa sin cumplir su promesa de campaña de ofrecer una solución a este problema.
Así lo señaló la Asociación Única de Defraudados por esas empresas, que anunció para este miércoles una serie de marchas y plantones en los municipios de Puebla, Cholula, Atlixco, Izúcar de Matamoros y otros como medida de presión para que el mandatario garantice la devolución de más de 800 millones de pesos producto de esos fraudes.
Alfredo Sánchez Fuentes, quien encabeza esa asociación y la representación legal de quienes perdieron su dinero con esas empresas, aseguró que esta etapa de movilizaciones pacíficas continuará hasta el mes de septiembre a fin de lograr que Moreno Valle abra un apartado específico en el presupuesto del próximo año, y liquidar este pendiente definitivamente.
Reunidos como cada domingo en un local de la colonia Bugambilias, un centenar de personas escuchó con atención la estrategia para recuperar su dinero; se reunieron desde el comerciante hasta la una monja, pasando por los jubilados y hasta algunos profesionistas, quienes vieron en la protesta social su única alternativa para lograra que el gobierno estatal voltee a verlos.
Recordaron que tienen guardadas en video las promesas de Moreno Valle durante sus actos de campaña a la gubernatura que, en caso de ganar, el problema de los defraudados se resolvería con prontitud. “Ya ganó y no se ha resuelto”, relató una mujer que perdió en Invergroup más de 70 mil pesos.
Muchos han tenido que abandonar los negocios que tenían antes del fraude, pues con el dinero que pedieron no pudieron capitalizarse y tuvieron que cerrar; unos más cayeron en depresión y otros han enfermado severamente ante la presión que les ha causado saber que cada vez es más difícil lograr que su dinero regrese.
Para Sánchez Fuentes ninguno de las personas que se adhirieron a la Alianza Única de Defraudados se puede acoger al beneficio del sistema Fipago, del gobierno federal, ya que ese sólo aplica para los defraudados de fiancieras, no de inmobiliarias como es el caso de estas 2 mil personas.
Indicó que el acercamiento con el gobierno del estado ha sido únicamente a través de la fiscalía que lleva este caso, misma que les ha prometido que se dará celeridad a las ordenes de aprehensión que aún faltan contra dueños de financieras e inmobiliarias fraudulentas, se rastreará el dinero y los bienes que son propiedad de los perjudicados, también se buscarán a las personas que fungieron como prestanombres así como el destino de su dinero.
Rechazó que, a diferencia de lo que se ha dicho por algunos otros representantes de defraudados, las 80 hectáreas de tierra que Sitma compró en el municipio de Calpan no son una opción para los ex clientes de esta empresa, pues sería más fácil volverlo a comprar que regularizarlo y repartirlo, pues existen hasta cinco propietarios de este predio con igual cantidad de escrituras.
“En el informe que nos ofreció la Procuraduría General de Justicia, sólo existen 3 por ciento de todos los bienes y propiedades de las empresas fraudulentas que originalmente existían, y esto no alcanza para pagar ni siquiera a 2 por ciento de los defraudados”, señaló.
Alfredo Sánchez Fuentes reconoció que ha sido amedrentado por algunas de esas inmobiliarias, tanto con denuncias penales como con órdenes de arresto, a fin de que desista de seguir adelante con los juicios contra esas empresas.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/07/04/puebla/jus102.php
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