Las movilizaciones y el tono de las demandas de los afectados por los timos de las financieras no pueden considerarse estridentes ni exageradas, pues las actuales autoridades del Poder Ejecutivo local deben admitir que los reproches que hoy hacen los perjudicados son justificados.
Efectivamente, durante las campañas a la renovación de la gubernatura y el Congreso local no hubo partido político que se abstuviera de la tentación de sacar raja política de la desgracia de miles de personas que fueron defraudadas y les ofrecieron a cambio de sus votos soluciones que iban de la prudencia a la verdadera fantasía.
Sin embargo, a un año del cambio de titulares en el Poder Ejecutivo y Legislativo la solución no sólo no ha sido ofrecida a los defraudados, sino que se les ha escamoteado con el garlito de las competencias e incompetencias según los niveles de gobierno, pero la verdad es que el Estado ha dejado en total desamparo a sectores a todas luces vulnerables como jubilados, desempleados y personas de escasos recursos que son las principales afectadas por los engaños.
Es necesario que de una vez por todas se dé solución a los defraudados, porque este problema de inminente naturaleza social puede agravarse hasta alcanzar dimensiones insospechadas.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/07/07/puebla/editorial.php
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