De nueva cuenta, un grupo de defraudados por la empresa Sitma se manifestó en la entrada principal del Congreso de Puebla para demandar la intervención de los legisladores con la intención de recuperar sus inversiones, a más de 24 meses en conflicto.
Los inconformes que bloquearon el tránsito en las inmediaciones del Centro Histórico por espacio de unos minutos, denunciaron públicamente que la presidente del Comité de Gestoría y Quejas del Poder Legislativo, Denisse Ortiz Pérez, canceló de último minuto la reunión que tenían pactada con ellos, donde acordarían apoyar a los defraudados.
Al respecto, Alejandro Tapia Cortés, vocero de los defraudados por Sitma, informó que desde hace unas semanas existe un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para demandar al gobierno federal el destino de una partida presupuestal como apoyo a quienes perdieron su patrimonio en la financiera.
“Lo único que venimos a solicitar, y que ya estaba pactado que así sería, es que los diputados locales nos apoyen con este punto de acuerdo, para que nos hagan caso a nivel federal y pueda existir un apoyo. Sabemos que el problema debe ser resuelto en el Congreso de la Unión y lo que pedimos es que nos escuchen y nos apoyen, pero hasta ahora no se ha podido, porque sólo nos cancelan las reuniones”, acotó.
En entrevista, explicó que la mayoría de las personas pertenece al grupo de la tercera edad, quienes perdieron entre 10 y 80 mil pesos, lo cual afectó la economía de sus familias.
Alejandro Tapia Cortés indicó que el gobernador Rafael Moreno Valle se comprometió a resolver los diversos casos de fraude antes de que terminara su administración; sin embargo, hasta el momento es mínimo el avance.
Además, sostuvo que es obligación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) indagar las operaciones de las cuentas bancarias de los dueños de las empresas acusadas de fraude, con el fin de saber en qué y cuándo se gastó el dinero de los ahorradores, no obstante, hasta el momento la dependencia estatal no lo ha hecho, pues “no tiene interés de impartir justicia en estos casos”.
El vocero de los defraudados afirmó que los dueños de las compañías financieras están ocultando una serie de propiedades que compraron con recursos de los clientes, con el fin de no entregarlas, mientras que la PGJ no indaga al respecto.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/10/27/puebla/jus104.php
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