Defraudados de empresas inmobiliarias dedicadas a captar ahorros acusaron que el juez décimo de distrito, José Luis Vázquez Camacho, ya concedió al menos seis amparos a los padres y hermanos de Leonardo y Edmundo Tiro Moranchel para evitar ser detenidos, pese a que también formaban parte del consejo de administración de Sitma e Invergroup.
Ante ello, Alejandro Tapia Cortés y Manuel Sánchez Martínez, representantes de los inconformes, anunciaron que apelarán dichos fallos, pues no contribuyen a presionar a los responsables de estos fraudes a resarcir el dinero de los afectados.
Al respecto, Tapia indicó que pese a que en la ley cabe que estos fraudes se consideren como genéricos, el juez debió encuadrarlos como específicos, por el tipo de contratos de compraventa que entregaron las empresas, los cuales fueron redactados con dolo y protegiendo jurídicamente a los dueños en caso de problemas.
Lo anterior porque al calificarlos como específicos no hubiera podido otorgar dichos amparos, pues así fueron considerados por los jueces locales y además esta categoría tiene mayores sanciones, tanto económicas como corporales, a diferencia del fraude genérico.
El también representante de la Coordinadora Estatal de Defraudados sostuvo que los agraviados de los fraudes financieros continuarán con las movilizaciones hasta que logren la restitución de su dinero. En este sentido, informó que este lunes protestarán frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para exigirle que investigue en qué usaron estas empresas los recursos económicos que depositaron los clientes, lo cual después de un año de darse a conocer estos fraudes a la opinión pública no lo ha hecho.
Alejandro Tapia señaló que también interpondrán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla en contra de la actuación negligente de la PGJ, pues no cumple con su obligación de investigar los hechos, principalmente contra la fiscal especial en el seguimiento de los fraudes financieros, Claudia Carmona Cid, y el subprocurador, Víctor Pérez Dorantes.
Tapia fue entrevistado en el marco de una protesta de defraudados de empresas financieras que realizaron ayer frente a la sede del Poder Judicial de la Federación para exigir que este juez no conceda más amparos a los dueños de las mismas, quienes hasta el momento han interpuesto unos 30 juicios de garantías contra las órdenes de aprehensión y el aseguramiento de propiedades.
Finalmente, denunció que los presuntos responsables de los fraudes quieren resolver el asunto en el ámbito civil, pero ello deja en desventaja a los agraviados.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/14/puebla/eco202.php
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