Los defraudados por la financiera Sitma, de los hermanos Tiro Moranchel, están ante la posibilidad de recuperar su dinero siempre y cuando el gobierno acepte la propuesta que este grupo tiene preparada, en la que la administración estatal no tendría que desembolsar dinero.
Así lo consideró el representante legal de los defraudados, José Luis Bello, quien agregó que con esto se terminaría la penuria de 7 mil 368 personas que perdieron de la noche a la mañana sus ahorros, valorados en unos 944 millones de pesos.
El representante también señaló que debe darse celeridad a este proceso, pues otros representantes están abusando de las personas que exigen la devolución de su dinero, ya que cada semana los supuestos líderes y abogados les piden cantidades que van de los 200 a los 800 pesos, para “copias”, para “gastos notariales” y para un sinfín de gastos más que son inexistentes.
Los defraudados por Sitma se presentaron en Casa Aguayo para solicitar una audiencia con el mandatario Rafael Moreno Valle como parte de la búsqueda de una solución a sus problemas. Dijeron que existen alternativas y soluciones que van más allá de los “gritos y exigencias” de otras organizaciones de defraudados.
Las alternativas, dijo Bello, están en tres diferentes opciones del programa Fipago en las que se devuelva 100 por ciento de los ahorros que tenían los inversionistas antes de que se descubriera el fraude, pero necesitan el aval gubernamental.
Agregó que hay una opción más, que consiste en transformar las 93 hectáreas de tierras que compraron los Tiro Moranchel en el municipio de Calpan –donde se construirían las viviendas que comercializaría Sitma con el dinero de sus clientes–, que podrían servir para la creación de una reserva territorial.
De ser recibidos por el gobernador, indicó, le dejarán en claro que no buscan que el gobierno estatal les devuelva el dinero, sino que se analicen las vías en las que el sistema Fipago puede devolver la totalidad de los ahorros.
Aseguró que los Tiro Moranchel no saldrán de la cárcel, pues existen siete amparos en los juzgados a favor de los defraudados, pero lamentó que salvo estos defraudadores, no haya un solo funcionario del gobierno estatal que haya sido capturado y juzgado por haber autorizado los permisos para este tipo de negocios ilícitos.
“Este es un problema social, y como tal debe ser atendido, pues se debe tener cuidado cuando el pueblo despierta y exige sus derechos, porque no hay nada que lo detenga”, advirtió.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/06/13/puebla/eco504.php
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