viernes, 19 de marzo de 2010
Sólo 900 de más de 5 mil 500 defraudados por Grupo Sitma recuperan íntegras sus inversiones con el dinero que se obtendría con el remate de todos los bienes muebles e inmuebles de la empresa de Leonardo Tiro Moranchel, más el dinero depositado en bancos.
De acuerdo con el informe que este viernes presentó la Procuraduría General de Justicia (PGJ), el fraude de la empresa poblana asciende a 692 millones 510 mil 316 pesos, tras la presentación de 5 mil 522 denuncias.
No obstante, el embargo de bienes apenas suma 114 millones 464 mil 741 pesos, de acuerdo con el avalúo que dictaron peritos judiciales sobre 115 inmuebles, 58 terrenos, cuatro vehículos, 10 cuentas bancarias y una avioneta.
Esta cantidad apenas representa 16.4 por ciento del total del fraude, con lo que se estima que de ofertar los bienes por parte de la PGJ, únicamente se logre la restitución de inversiones para cerca de 900 afectados.
En la reunión que los afectados sostuvieron con el secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, se indicó que del total de denuncias presentadas, únicamente 3 mil 266 están consignadas, y apenas una averiguación previa ha sido devuelta por el juez.
Aunado a ello, hay 17 procesos iniciales en Puebla y otros estados, lo que permitió la liberación de siete órdenes de aprehensión en contra de Leonardo Tiro Moranchel, directivo de la firma, quién desde hace cinco meses se mantiene como prófugo de la justicia.
A pesar de que Tiro Moranchel anunció que en breve se presentarían personas en su representación para continuar con las negociaciones, tras la salida del abogado Xavier Oléa Pelaez, los defraudados dijeron que todavía no hay sustituto.
El vocero de los defraudados, Agustín Torres González, indicó que durante la reunión se destacó el apoyo del diputado federal priísta, Óscar Aguilar González, quien el próximo martes presentará ante el pleno de sesión de la Cámara de Diputados la propuesta para crear un fondo emergente con recursos de excedentes petroleros.
Previamente, el legislador les informó que la propuesta cuenta con el apoyo de 11 diputados federales de cada uno de los estados donde hubo operaciones de Sitma o Invergroup.
Entre las autoridades presentes estuvieron la fiscal del caso ante la PGJ, Claudia Carmona García, además de funcionarios del Instituto del Catastro y un notario público, quien dio fe de las conclusiones que se dictaron en la reunión.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=47941&Itemid=282
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