En el año 2000, unas 7 mil 500 personas del estado de Puebla fueron defraudadas por la Caja Popular Número Uno, quienes hasta después de un año y medio lograron recuperar el 70 por ciento de sus ahorros, siempre y cuando fueran menores a 240 mil pesos, informó Agustín Torres González, quien fue el representante de los afectados.
La restitución de estos ahorros se dio como resultado de la presión que ejercieron los defraudados mediante decenas de movilizaciones que hicieron en el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la ciudad de México, lo cual logró la creación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) en 2001, que considera un fondo –denominado Fideicomiso Pago– que responde en caso de quiebra de este tipo de instituciones.
El fraude por parte de Cirilo Ocampo Verdugo –quien era el dueño de esta caja de ahorro en la entidad y otras 24 con el mismo nombre que operaban en diversos estados del país–, se dio a conocer en febrero de 2000, a raíz de que la Procuraduría General de la República (PGR) lo detuvo al estar acusado de lavado de dinero proveniente de actividades del narcotráfico del cártel de los hermanos Amezcua, que tenía su sede en Colima.
Cuando se dio a conocer el fraude, los ahorradores timados realizaron manifestaciones en la ciudad de Puebla, ya sea frente a la sede del gobierno estatal o cerrando las calles principales, como el bulevar 5 de mayo y Reforma, recordó Torres González. Sin embargo, al no tener ninguna respuesta, decidieron organizarse con los afectados de las cajas de ahorro que pertenecían al mismo propietario en otros estados.
“La presión social que ejercimos a nivel nacional fue lo más importante para lograr que se nos pagara, y entre las acciones que realizamos estuvo la toma de las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y un plantón indefinido ante la Cámara de Diputados”, señaló.
En Puebla fueron unos 7 mil 500 defraudados de 19 sucursales de esta empresa en la entidad, pero a nivel nacional –incluyendo a Puebla– sumaron más de 180 mil personas perjudicadas que ahorraron en 248 sucursales en 26 estados del país.
Asimismo, los ahorradores llevaron a cabo asambleas para citar a comparecer a Cirilo Ocampo Verdugo como presidente y dueño de la caja de ahorro, pero como nunca se presentó al estar detenido, los mismos destituyeron al Consejo de Administración que él representaba y conformaron uno nuevo.
Lo anterior sucedió porque al ser los defraudados socios de la cooperativa tenían la posibilidad de intervenir en las decisiones de la misma, tomando sus acuerdos a través de las asambleas. En este sentido, para disolver a esta cooperativa tenían que solicitarlo ellos mismos como socios ante el nuevo Consejo Administrativo, lo cual hicieron en abril de 2001, es decir un año después de que iniciaron la lucha, y fue cuando se empezaron a gestionar sus pagos ante el Fideicomiso Pago.
Se calcula que el monto que adeudaba la Caja Popular Número Uno de Puebla ascendía a unos 3 mil millones de pesos, de los cuales casi 400 millones de pesos correspondían a ahorros de personas de Puebla.
De acuerdo con el representante de estas personas defraudadas –que en estos momentos representa a la gente perjudicada por la falta de solvencia económica de Sitma e Invergroup– se restituyeron unos 250 millones de pesos a los ahorradores de la entidad, de los cuales, a través de un convenio, el 65 por ciento otorgó la Federación, y el monto restante fue del gobierno del estado.
Torres González recordó que en Puebla se llevaron a cabo 40 asambleas, en donde participaron unos 4 mil socios defraudados en cada una y en las que se decidieron las acciones a tomar para lograr el pago de los ahorros.
Los pagos empezaron a llegar a partir de abril de 2001, y terminaron hasta 2004. Los defraudados, para acceder a su dinero, tenían que presentar ante el Fideicomiso Pago su denuncia penal por fraude en contra de la cooperativa y un documento que los acreditara como ahorradores de la misma. Dijo que el principal asesor externo de dicho movimiento nacional fue Marcerlo Ebrard, después de que salió de la Cámara de Diputados en el año 2000.
Nadie recibió el 100 por ciento
Agustín Torres denunció que ningún afectado ha recibido el 100 por ciento de su adeudo debido a un fraude por unos 10 millones de pesos que cometió el despacho jurídico denominado “Consultoría Auditoría y Contaduría” –que pertenecía a personajes vinculados con el gobierno estatal–, pues el mismo era el encargado de cobrar la cartera vencida de la financiera y con ese dinero solventar la deuda que faltaba por pagar.
Indicó que el despacho era de Luis Miguel Patricio Viñuela Reyes, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud y ahora trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, y de Alfonso Deloya Vera, primo del secretario particular del gobernador Mario Marín, por lo que la autoridad judicial del estado no ha girado orden de aprehensión en su contra, pese a que ya se comprobó el fraude.
Nota leida en:
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2009/10/28/puebla/eco204.php
*********************************************************************************************
