Paramédicos atendieron a algunas personas en la manifestación. Foto: Rafael Murillo
Elementos del cuerpo de granaderos de la Policía Estatal repelieron mediante empujones y golpes a personas de la tercera edad defraudadas por Grupo Sitma, durante una manifestación realizada frente a Casa Puebla, residencia oficial del gobernador Mario Marín Torres.
Los uniformados, con sus toletes golpearon a las mujeres que intentaban acercarse al inmueble ubicado en el cerro de los Fuertes de Loreto y Guadalupe, para entregar un documento al mandatario estatal donde piden la destitución de la fiscal Antifraudes Claudia Carmona, por la mala integración de las averiguaciones previas.
Cerca de las 10 de la mañana, unos 250 defraudados llegaron a Casa Puebla, pero no pudieron acercarse quedándose a 20 metros, pues habían colocado una barrera metálica custodiada por unos 60 elementos policiacos, que obstaculizaban también el tránsito vehicular.
Algunos manifestantes brincaron la barrera sorprendiendo a los granaderos, quienes dieron alcance a dos mujeres y a toletazos las alejaron del acceso principal de la residencia de Marín Torres.
A las 12 horas, los inconformes por la falta de resultados en las investigaciones para dar con el paradero de Leonardo Tiro Moranchel, autor intelectual y material del fraude y los errores en la integración de averiguaciones, se dirigieron a Casa Aguayo –sede del Poder Ejecutivo–.
Ahí, nuevamente policías estatales resguardaron el inmueble. Se prohibió por un funcionario menor de la Secretaría de Gobernación (Segob) la entrada de algunos representantes, lo que molestó a los afectados por Sitma y terminó en un enfrentamiento verbal.
Finalmente, después de tres horas de manifestarse, el subprocurador de Averiguaciones Previas, Víctor Pérez Dorantes, y la fiscal Antifraudes Claudia Carmona atendieron a las personas, pero en la vía pública, en la 14 Oriente frente a Casa Aguayo.
En la reunión, Pérez Dorantes se comprometió a vigilar el trabajo de Carmona, para evitar que las averiguaciones previas sean rechazadas por los jueces penales Cuarto y Quinto.
Agustín Torres González, líder de uno de los dos grupos de defraudados, lamentó lo ocurrido y no descartó promover denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el trato que se está dando a los timados por esta inmobiliaria.
No alcanza para pagarles
El procurador general de Justicia (PGJ), Rodolfo Igor Archundia, aceptó que el dinero y el valor de los bienes incautados a las empresas defraudadoras Sitma, Coofia, Invergroup y Grupo Bienestar Social La Paz son insuficientes para cubrir el monto reclamado a través de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público.
El funcionario indicó que se espera se presenten más denuncias en lo sucesivo, puesto que hay personas que aun cuando buscaron otras alternativas para obtener la devolución de su dinero –como convenios o demandas mercantiles–, al no haber respuesta de empresas apostaron ahora por la vía penal.
Al final de la reunión de Seguridad Pública en el Centro de Convenciones, dijo que se sigue trabajando en la localización de bienes, con la esperanza de que con estos se junte un monto mayor para respaldar a los defraudados, que al corte de la semana pasada sumaron 14 mil 340 afectados.
“Creo que lo más importante es que por lo menos la Procuraduría General es una opción y tal vez son personas que han optado por otros caminos y ahora acuden a la procuraduría (…) Estamos trabajando, no hemos dejado de hacerlo; se está haciendo todo lo necesario. La ley nos da cierta competencia y es lo que vamos a hacer, ya las consecuencias o resultados dependen de cada asunto en lo particular.”
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