La entrega del terreno de 97 hectáreas localizado en San Andrés Calpan que Sitma ofrece para indemnizar a más de 6 mil 500 clientes –quienes depositaron unos 800 millones de pesos en la empresa– podría ser un nuevo fraude, toda vez que, de acuerdo con la Ley de Fraccionamientos del estado, entre 20 y 25 por ciento de un predio destinado a la edificación de viviendas debe reservarse para áreas verdes y calles.
Lo anterior significa que los agraviados sólo recibirían de 73 a 80 hectáreas, y no las 97 que prometen los apoderados legales de la empresa, Pilar Méndez López, Abraham Méndez López y José Vázquez Vivanco.
Así lo señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Angelópolis–Cholula (AMPI), Salvador Cuenca Autrán, quien agregó que el metro cuadrado de un terreno como el de Sitma, que carece de servicios públicos, cuesta de 15 a 20 pesos, y no los 700 pesos que dice la empresa en cuestión.
No descartó que el valor del predio se pueda aumentar si se construye, cerca de esa zona, el arco surponiente, pero eso ocurriría hasta dentro cinco o 10 años.
Mencionó que un terreno no se puede vender con un costo como si ya contara con infraestructura pública, como al parecer pretende la empresa al cotizar el metro cuadrado en 700 pesos.
En rueda de prensa, el presidente de la asociación privada –que pertenece al Consejo de Organismos Empresariales– ofreció los servicios de los profesionales inmobiliarios a los defraudados con el fin de investigar si dicha propiedad se encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad (RPP) y si cuenta con el certificado de libertad de gravamen.
Añadió que los ahorradores que acepten ser indemnizados con lotes tendrían que invertir de 400 a 450 pesos por metro cuadrado para urbanizar el área, y asimismo deben considerar que la única forma de que se puede comercializar a una empresa dedicada a la construcción de casas es el lote completo y no por partes.
Salvador Cuenca explicó que la venta de bienes inmuebles, la urbanización y la edificación de viviendas no son actividades sencillas, y para tener éxito en dichas tareas se requiere la participación de expertos en la materia. Algo que no tendrían los damnificados por el fraude de Sitma, además de requerir una inversión millonaria.
El representante indicó que la AMPI no aprueba la creación de un fondo público para la indemnización de los agraviados, ya que el dueño de Sitma, Leonardo Tiro –ahora preso en el penal de San Miguel–, debe contar con los recursos económicos para ello.
Por su parte, Luis González Cortezano, delegado de la asociación, explicó que Pilar Méndez López, Abraham Méndez López y José Vázquez Vivanco –quienes aseguran ser expertos inmobiliarios– no son conocidos en el sector.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/26/puebla/eco103.php
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