El gobierno del estado avala la propuesta de indemnización de Sitma –consistente en la entrega de un terreno de 97 hectáreas localizado en el municipio de San Andrés Calpan–, ya que es la alternativa de pago que tiene la empresa, señaló Francisco Díaz Gil, subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien agregó que la cotización de dicho predio dependerá del acuerdo al que se llegue con los agraviados.
Manifestó que el terreno no tiene un costo específico, y si aceptan los clientes –quienes reclaman más de 800 millones de pesos–, la compañía podría indemnizarlos completamente al otorgárselos en copropiedad. Exhortó a los ahorradores a no anticiparse sobre la posibilidad de que el predio no alcance para la restitución de la totalidad de los ahorros, pues ello se sabrá conforme avance la entrega de los lotes.
En tanto, representantes de defraudados continúan con posiciones encontradas sobre el planteamiento de Sitma. Oliver Santillana Villanueva, vocero del grupo que avala el pago en especie, admitió que aunque existe un riesgo de no poder vender la propiedad en el costo que la obtengan, “la toman y se arriesgan”, porque es la única opción real para la reparación del daño.
Por su parte, Alejandro Tapia Cortés, dirigente de los agraviados que rechazan este planteamiento, indicó que le exigirán al dueño de la compañía, Leonardo Tiro Moranchel, la entrega de una nueva propuesta de pago, después de que aseguran que esta indemnización en especie se trata de un engaño más del empresario, porque el terreno vale si acaso unos 100 millones de pesos, y no los 700 millones que se promete.
En entrevista con La Jornada de Oriente, el funcionario estatal desestimó las declaraciones de los representantes de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), al considerarlas que tienen el fin de evitar que se llegue a una solución en este caso.
Rechazó que el valor del metro cuadrado del terreno de San Andrés Calpan –el cual carece de servicios públicos– sea entre 15 y 20 pesos, como lo señaló la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, ya que en los títulos de propiedad del predio se mencionan otros costos; no obstante, se negó a darlos a conocer.
Explicó que el otorgar dicho reporte perjudicaría las negociaciones que existen entre los defraudados y la empresa. Hasta el momento, indicó que hay 680 agraviados que ya aceptaron el esquema de pago con dicho terreno.
Francisco Díaz informó que el arco sur–poniente pasará por un costado de la propiedad de Sitma, pero ignoró la extensión que abarca y el número de ahorradores que podrían quedar en esa zona, la cual tendría la mayor plusvalía. “Es información que sólo tienen los apoderados legales de la compañía y el grupo de clientes que ya aceptó dicho esquema”.
Insistió en que el gobierno del estado no puede dictaminar sobre la cantidad de ahorradores que podrían obtener la reparación del daño con dicha propiedad, pues la misma no tiene un costo específico y ello depende del acuerdo que la empresa logre con los agraviados.
–¿Descarta que el predio esté sobrevaluado por la empresa? –se le preguntó.
–Las autoridades no pueden opinar si hay un arreglo bueno o malo para los clientes en relación al costo que acuerden con la empresa, pues la función del gobierno del estado es de vinculación y si los agraviados aceptan la propuesta de pago, se respeta su decisión, respondió.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/05/27/puebla/jus207.php
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