Un grupo de agraviados de esta financiera participó en la sesión de la comisión permanente del Congreso local / Foto Rafael García Otero
Para indemnizar a los defraudados de la caja popular Grupo de Bienestar Social La Paz, el Congreso del estado aprobará una partida de entre 35 y 50 millones de pesos que requiere el Fideicomiso Pago (Fipago), el cual es el organismo federal encargado de la restitución de los ahorros de financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), como La Paz, y que para este caso aportará unos 90 millones de pesos.
Este miércoles, un grupo de agraviados de esta financiera participó en la sesión de la comisión permanente del Congreso local, con el fin de solicitar a los diputados que autoricen el fondo que tiene que aportar el gobierno estatal para que se pueda llevar a cabo la restitución de los ahorros.
Al finalizar su intervención en esta reunión, Rafael Ramírez Hernández, asesor de los afectados, señaló que según la Procuraduría General de Justicia (PGJ) esta caja de ahorro timó a unas mil 200 personas por un monto superior a los 300 millones de pesos. De esta cantidad, señaló, el Fipago indemniza 70 por ciento del dinero depositado por cada cliente, si es que el monto que invirtieron es menor a los 240 mil pesos, mientras que quienes rebasaron esa cantidad únicamente conseguirán un reembolso de casi 168 mil pesos.
Ramírez Hernández explicó que el cálculo del monto de la partida que deberá ser aprobado por los legisladores para solucionar este caso, que va de 35 a 50 millones de pesos, se hizo tomando en cuenta el número de clientes que tenía la financiera y las cantidades que depositaron, información que tiene la Procuraduría General de Justicia.
Por su parte, el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, Humberto Aguilar Viveros, indicó que sí se está considerando aprobar la partida que solicita el Fipago para iniciar el procedimiento de indemnización de los defraudados del Grupo de Bienestar Social La Paz, como sucedió con Financiera Coofia, pues en esa ocasión autorizaron un fondo de 100 millones de pesos.
En entrevista, Aguilar señaló que los pagos iniciarían a partir del próximo año. En tanto, señaló que para los casos de los fraudes de empresas inmobiliarias como Sitma e Invergroup, el Congreso no podrá aprobar ninguna partida, pues no están protegidas por el Fipago, ya que nunca fueron reguladas por la CNBV.
El legislador agregó que para solucionar estos fraudes se tendrán que buscar otras alternativas. “El grupo parlamentario del PRI no ha creado falsas expectativas porque no hay una ley que nos permita solucionar el tema de los defraudados de empresas inmobiliarias, y sí para las cajas populares como Coofia y Bienestar Social La Paz”.
Finalmente, hasta el momento no se ha comenzado a auditar a la caja popular, como lo solicita el Fideicomiso Pago, para conocer el monto exacto de indemnización e iniciar la restitución de los ahorros, debido a que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) no ha pagado dicho análisis contable.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/10/07/puebla/eco107.php
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