Integrantes de la Asociación Única de Defraudados por las empresas inmobiliarias de los hermanos Tiro Moranchel, Sitma e Invergroup, así como por otras empresas, se manifestaron la mañana de este martes en la ceremonia del 164 aniversario de la batalla de Chapultepec que encabezó el gobernador Rafael Moreno Valle.
Los manifestantes, un grupo de más de 60 personas integrado en su mayoría por ancianos, le exigió al mandatario que cumpliera su promesa de campaña de resolver este problema con la apertura de una partida especial para el pago de más de 900 millones de pesos, producto de estos fraudes.
El gobernante, que en el momento en que inició la protesta montaba una guardia en honor a los niños héroes, culminó el acto cívico, atendió las preguntas de la prensa y se retiró del lugar.
Moreno Valle aseguró que en este asunto no tiene injerencia el gobierno estatal, pues las empresas fraudulentas no fueron financieras, sino inmobiliarias; por ello, corresponde al Congreso de la Unión retomar este caso y abrir una partida especial en el Presupuesto de Egresos del próximo año.
Por su lado, el secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, sostuvo que de ninguna manera el reclamo de los defraudados por las inmobiliarias fue una promesa de campaña, como lo aseguraron.
“Yo fui el coordinador de la campaña y jamás se abordó ese tema. Ni siquiera tuvimos una reunión con los defraudados”, subrayó.
En tanto, Aldo Sánchez Fuentes, señaló que la situación de los defraudados es insostenible y que muchos están en condiciones graves de salud y económicas a consecuencia de haber perdido su dinero, por un lado, y la imposibilidad de que el gobierno o los legisladores les ayuden a recuperarlo, por el otro.
Anunció una “megamarcha” para el próximo 27 de septiembre de 2011 como medida de presión para que sean atendidos, y recordó que muchos de los defraudados han tenido que abandonar los negocios que tenían, pues con el dinero que pedieron no pudieron capitalizarse; otros más cayeron en depresión y otros han enfermado severamente ante la presión que les ha causado saber que cada vez es más difícil lograr que su dinero regrese.
Para Sánchez Fuentes ninguno de las personas que se adhirieron a la Alianza Única de Defraudados se puede acoger al beneficio del sistema Fipago del gobierno federal, ya que ese sólo aplica para los defraudados de fiancieras, no de inmobiliarias, como es el caso de estas 2 mil personas.
Por la noche, la Secretaría General de Gobierno envió un comunicado en el que reiteró su postura de que se trata de un asunto que no le compete, porque la ley así lo establece al tratarse de empresas inmobiliarias, pero subrayó las acciones que ha emprendido, como la captura de los responsables, la creación de una fiscalía especial, el aseguramiento de algunos inmuebles, así como el compromiso de las diputadas federales, Augusta Díaz de Rivera y María del Carmen Guzmán Lozano, para incluir durante el próximo presupuesto una partida especial.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/09/14/puebla/mun105.php
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