domingo, 07 de febrero de 2010
Los defraudados por Grupo Sitma acordaron el rechazo a la propuesta del Fideicomiso establecido por el gobierno del estado y los abogados de Leonardo Tiro Moranchel, propietario de la firma, ya que presenta inconsistencias y no garantiza justicia a su favor.
Tras sostener diversas reuniones durante el fin de semana, los afectados de la empresa inmobiliaria votaron en contra del Fideicomiso propuesto del bufete de abogados Olea & Olea.
En entrevista, Agustín Torres González, representantes de los defraudados por Grupo Sitma, informó que el acuerdo se concretó luego del encuentro sostenido con el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes Morales, quien los exhortó a continuar interponiendo sus querellas, para así tener conocimiento del monto total del fraude y poblanos afectados.
Sin embargo, el representante de los defraudados comentó que hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno del estado, ni los abogados de Tiro Moranchel, se han reunido con ellos, para informarles los detalles del fideicomiso, del cual únicamente se han enterado por los medios de comunicación.
Esta situación, dijo, ha generado incertidumbre entre los afectados quienes cuestionan la entrega únicamente para quienes tienen contratos menores a los 300 mil pesos, por lo que desconocen si se cubrirá el 100 por ciento del fraude para los más de 4 mil poblanos involucrados.
Esta confusión se suma, añadió, a la reciente declaración emitida por el procurador de Justicia del Estado, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien calificó de inviable la propuesta gestionada por el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, el bufete de abogados Olea & Olea.
Y es que en su pasada declaración, el funcionario estatal indicó que los bienes embargados por la PGJ no pueden ser rematados más que por ellos mismos, por lo que no pueden ser entregados a la firma de abogados, para resarcir el daño de quienes resultaron defraudados por más de mil 600 millones de pesos.
De acuerdo con el abogado Fernando Castillo Pacheco, el gobierno estatal no puede ordenar la liberación de los bienes, ya que está vigente la orden de embargo impuesta por un juez.
Desde el anuncio del Fideicomiso por parte de la Segob, el titular de la PGJ se ha negado a emitir más declaraciones sobre el tema, ya que asegura desconocer a precisión la propuesta.
"Sabemos que estos señores tienen el interés en librar de responsabilidad a su cliente, y ahí es donde se estancan los trámites. Todo esto obedece a un beneficio para Leonardo Tiro Moranchel, no es creíble lo que escuchamos", advirtió Torres González.
Puntualizó que la solución para obtener su dinero se mantendrá a través del avalúo y remate de bienes embargados por parte de la PGJ, los cuales ya suman 100 hectáreas de terrenos, vehículos, aeroplanos y cuentas bancarias; y para lo cual, ya integran un comité técnico que participe en el proceso en coordinación con la dependencia estatal.
Además de ello, mantendrán su solicitud ante los diputados federales a través del Congreso de la Unión, para gestionar un fondo de contingencia, que ya fue aprobado en un punto de acuerdo, y en breve se estima que sea expuesto ante el pleno de la Cámara de Diputados, para aprobación final.
Nota leida en:http://www.e-consulta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=45271&Itemid=265
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