Como es del conocimiento público, el pasado martes un grupo de defraudados del Grupo SITMA organizó una marcha frente a Casa Aguayo con el fin de reclamar al gobernador Rafael Moreno Valle el cumplimiento de su promesa electoral de crear un fondo especial para resarcirlos del descalfo del que fueron objeto por parte de la mencionada institución.
Pocos minutos después arribaron las fuerzas policiacas, encabezadas por el jefe de seguridad pública del estado, Ardelio Vargas, procediendo a la aprehensión de cuatro dirigentes de los defraudados, esto es, Alfredo Sánchez Fuentes, Antonio Bolaños Matamoros, Alfredo Hernández Juárez y Justino Ríos Aguilar, a quienes se les imputó el delito de “ataques a las vías generales de comunicación”, en su modalidad de “obstrucción al tránsito” (Vid. Jornada de Oriente, 6 de octubre de 2011, nota de Martín Hernández Alcántara).
¿Desde cuándo es un delito “obstruir el tráfico”? Si la Constitución que nos rige permite a los mexicanos el derecho de manifestar su inconformidad, incluso en la vía pública, ¿cómo es posible que se invoque el argumento de referencia? El Artículo 9 de nuestra Carta Magna establece que “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar(…) No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.
¿Es que acaso los defraudados hicieron uso de la violencia o intimaron o injuriaron a la autoridad? No, simplemente salieron a la calle para exigirle al gobierno cumplir su promesa de restituirles el dinero que les fue robado por SITMA.
Así las cosas, quien incurrió en un delito fue el Gobierno del Estado, a través de Ardelio Vargas, por el hecho de pisotear nuestra Carta Magna, y no los defraudados.
Según el boletín que emitió la SGG horas después, se señala que “es completamente falso que en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011, elaborado por la anterior administración estatal y autorizado por el Honorable Congreso del estado, exista una partida de 20 millones de pesos destinada a cubrir indemnizaciones para los ahorradores defraudados por la denominada Caja de Ahorro Bienestar Social La Paz”. Y se agrega que “de acuerdo con la información disponible, la anterior administración estatal sólo autorizó recursos para cubrir indemnizaciones a defraudados por Financiera Coofia y estos fueron utilizados únicamente en el ejercicio fiscal 2010, por lo que es absolutamente incorrecta la información difundida en el sentido de que en el presupuesto de este año existan recursos para apoyar a los defraudados de Bienestar Social La Paz”, se agregó.
Sin entrar a discutir si tal información es verdadera, ¿ello justifica que se haya procedido de manera tan rigurosa con los defraudados?....En todo caso, las autoridades debieron haberles explicado a éstos que la promesa del gobernador Rafael Moreno Valle no era extensiva por ellos, sino sólo para un sector de los mismos. Y, por cierto, valdría la pena preguntarnos, ¿no está incurriendo el gobierno en un acto de extrema gravedad al seleccionar a unos y excluir a otros? (de los defraudados).
Lo más peligroso de todo, sin embargo, es la tendencia cada vez más acentuada del gobierno de Rafael Moreno Valle a criminalizar la protesta social, cuestión que debería preocuparnos a todos los poblanos.
Habría que aplaudir, en ese sentido, el comunicado que publicó ayer la dirección estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el que condena la represión a los defraudados.
Ha llegado la hora de que todas las fuerzas y organizaciones democráticas y progresistas de Puebla salgamos a la calle a protestar por los excesos de Ardelio Vargas y, por supuesto, de su jefe, el gobernador Rafael Moreno Valle. De no ser así, tarde o temprano todos seremos sospechosos de incurrir en el delito de “obstruir el tráfico”.
Nota leida en:http://www.poblanerias.com/noticias/2011/solidaridad-con-los-defraudados
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