De entrada, hay que reconocer que el gobierno estatal haya recapacitado y frenado el conflicto que se avizoraba por la radicalización de su postura en torno a las demandas que han planteado los perjudicados por cajas de ahorro e inmobiliarias, pues a todas luces la aprehensión de los defraudados y su representante legal fue un exceso.
Sin embargo, no existen garantías de un cambio real en la política que ha venido siguiendo la administración estatal, pues permanecen en Chignahuapan encarcelados 31 campesinos, acusados de invasión, pese a contar con documentación oficial que acreditaría la propiedad del predio que decidieron ocupar.
Más allá de la aplicación de la ley, el caso de los defraudados de Sitma y de los campesinos de Chignahuapan, junto con otros actos de represión, dan la impresión de que el gobierno estatal quiere exhibir una postura de mano dura contra movimientos sociales y sectores políticos que no son de su agrado.
Deseamos que se corrija esta actitud del Poder Ejecutivo y que los problemas se solucionen privilegiando el diálogo, porque la entidad necesita estabilidad y consensos, pero esto no se logrará si persiste la actitud gubernamental de imponer sus ideas por la vía de la fuerza y con reticencias al diálogo.
Es también evidente que esta administración está cada vez con mayor frecuencia enfrentándose a sectores políticos y de la población que en el pasado proceso electoral apoyaron a la coalición Compromiso por Puebla.
Nota leida en:http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/10/07/puebla/editorial.php
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