Directivos del despacho Olea & Olea Abogados y el gobierno estatal aceptaron incluir a un grupo de defraudados de Sitma en el comité técnico de el fideicomiso que se pretende crear para que Leonardo Tiro Moranchel, el dueño de esta empresa, pague a los más de 4 mil inversionistas a los que no les regresaron su dinero.
Así lo informó Alejandro Tapia, vocero de los defraudados, quien señaló que ayer, después de varios meses de solicitarlo, se lograron reunir con el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano; el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes, y los representantes legales de Tiro Moranchel.
En entrevista con La Jornada de Oriente, explicó que Xavier Olea, uno de los representantes de Leonardo Tiro, planteó que si se forma el fideicomiso, su cliente primero repararía el daño a las personas que invirtieron hasta 300 mil pesos –que es el 90 por ciento de los más de 4 mil defraudados– y en una segunda etapa a aquellos que ahorraron más de esa cantidad.
Tapia indicó que el próximo sábado se llevará a cabo en el jardín de El Carmen una asamblea estatal de los defraudados de grupo Sitma, en la cual, se les informará a los afectados sobre la propuesta que hizo el despacho Olea y Olea Abogados, y se contestarán las dudas que existen respecto a la formación de un posible fideicomiso.
A la reunión que se programó a las 10 de la mañana asistirán defraudados de Tehuacán, Atlixco, San Martín Texmelucan, Huauchinango, entre otros municipios.
El vocero de los defraudados refirió que los representantes legales de Tiro Moranchel plantearon que el fideicomiso se instaure con los bienes incautados, hasta ahora por la Procuraduría General de Justicia a Sitma y a Tiro Moranchel en particular.
A ese patrimonio, abundó, se sumarán otras propiedades que están en poder del prófugo o que quieran donar sus familiares,
Alejandro Tapia señaló que antes de que se concrete el fideicomiso, el gobierno estatal informará los resultados de una auditoría que mandó a realizar para saber cuántos bienes tiene Tiro Moranchel y a cuánto ascienden económicamente, para que con base a ello, se determine con cuánto operará.
El fraude hasta ahora está calculado en al menos 514 millones de pesos en contra de 4 mil 276 poblanos.
En otro punto, Tapia desconoció al profesor Agustín Torres González como representante general de los defraudados.
Detalló que Torres González no tiene representación mayoritaria. Sólo vela por un grupo de 250 afectados, cuando él es el apoderado de los 11 comités que existen de defraudados.
Nota leida en: http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2010/02/04/puebla/eco304.php
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